Acerca de la gerencia

La necesidad de explotación de los recursos naturales en el Sudoeste del territorio nacional, se remonta al año 1974 con la aprobación del Decreto Supremo No. 11614 de 2 de julio de ese año, norma en la que se determina la ubicación y cuantificación de nuevos yacimientos en el marco de una política planificada para el fortalecimiento y diversificación de la industria minera en sus diversas fases, incluyendo la metalurgia con la denominación de: "Proyecto de prospección Minera en la Cordillera", que en su Artículo 1 señala: "Las mencionadas áreas, señaladas en el mapa adjunto, quedan expresamente declaradas como Reservas Fiscales".
En 1986, se define la declaratoria de Reserva Fiscal al Salar de Uyuni con un perímetro que comprende toda la costra salina y una franja de seguridad circundante.
En febrero de 1985 el Gobierno de Hernán Siles Suazo, mediante Ley No. 719, crea el Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (CIRESU), autorizando a la nueva entidad gestionar el financiamiento requerido y convocar a licitación pública internacional, a fin de concretar la ejecución de investigaciones previas, la exploración, beneficio y comercialización de los recursos minerales metálicos y no metálicos de la Cuenca Evaporítica del Salar de Uyuni, precautelando una participación mayoritaria, en favor de la contraparte nacional.
Posteriormente en el Gobierno de Victor Paz E. mediante Decreto Supremo No. 21260 de 16 de mayo de 1986, se define con mayor precisión la declaratoria de Reserva Fiscal al Salar de Uyuni con un perímetro que comprende toda la costra salina y una franja de seguridad circundante.
Sin embargo, en la segunda gestión gubernamental de Hugo Banzer (1998), el perímetro de la Reserva Fiscal se reduce solamente a la superficie de la costra salina, liberando la franja de seguridad a través de la Ley No. 1854; como consecuencia de esta medida, algunas empresas obtuvieron concesiones mineras en áreas circundantes al salar como la empresa Non Metallic Minerals S.A. para la explotación de ulexita, habiendo surgido cuestionamientos a esta operación, que desembocaron en la revocatoria de las concesiones de dicha empresa a través del Decreto Supremo No. 27589 de 23 de junio de 2004.
El Gobierno Nacional en abril de 2008 mediante Decreto Supremo No. 29496, instruye a la COMIBOL, crear dentro su estructura institucional una instancia responsable de la industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni.
Actualmente, los límites de la reserva fiscal, inicialmente fijados por el Decreto Supremo No. 21260, se encuentran vigentes según dispone la Ley No. 2564 de 9 de diciembre de 2003 promulgada por el presidente de entonces Carlos Meza G. que abrogó la Ley No. 1854 (de Banzer).
Con el actual Gobierno del Presidente Evo Morales, se aprueba la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, y en el Artículo No. 348 de la carta magna señala, "Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país" y en el siguiente Artículo No. 349 se establece: "Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo".
Siguiendo esta línea en mayo de 2007, el Presidente Morales emite el Decreto Supremo No. 29117 que en su primer Artículo establece, "El presente Decreto Supremo tiene por objeto declarar Reserva Fiscal Minera a todo el territorio nacional, comprendiendo los recursos mineralógicos metálicos, no metálicos, evaporíticos, piedras preciosas, semipreciosas y salmueras, siendo el Estado, en ejercicio de su derecho propietario de la Reserva Fiscal, quien otorga a la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, la facultad y potestad de su explotación y administración, salvándose los derechos preconstituidos sobre las áreas mineras otorgadas anteriormente en concesión, exceptuando a los áridos y agregados que se encuentran bajo jurisdicción municipal".
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno del Presidente Morales, declara prioridad nacional la industrialización de los recursos evaporíticos.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno nacional mediante Decreto Supremo No. 29496 del 1 de abril de 2008, instruye a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), crear dentro su estructura institucional una instancia responsable de la industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni, declarando prioridad nacional la industrialización de este recurso, para el desarrollo productivo, económico y social del Departamento de Potosí.
La COMIBOL mediante Resolución de Directorio No. 3801/2008, aprueba el proyecto "Desarrollo Integral de las Salmueras del Salar de Uyuni", creando dentro su estructura institucional la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos de Bolivia.
La Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos, inició sus actividades el año 2008, avanzando con los trabajos encarados para el logro de sus objetivos, por tanto, las tareas iniciadas no podían detenerse y, considerando el carácter estratégico del proyecto, el Directorio de COMIBOL aprueba la Resolución No. 4366 el 29 de junio de 2010, creando la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, reorganizando su estructura administrativa interna de acuerdo a la normativa de la Corporación Minera de Bolivia.

Mision

Desarrollar tecnología en Bolivia para la industrialización de la salmuera de los salares de Bolivia, en particular el litio; preparar técnicos y profesionales bolivianos en tratamiento, producción y comercialización de derivados de litio, potasio, boro y magnesio de calidad y alto valor agregado.
Desarrollar un complejo industrial nacional y público de química inorgánica basada en las salmueras de los salares del país, en particular de Uyuni y Coipasa.

Vision

Industrializar los recursos evaporíticos de los salares de Bolivia, a través de proyectos sostenibles, públicos y sociales, que respondan al desarrollo regional, departamental y nacional, que permita el abastecimiento responsable, en particular del litio, a la comunidad internacional; proyectos industriales integrales que respetan el medio ambiente, las leyes vigentes, los derechos de los pueblos originarios, y generan trabajo, valor agregado, riqueza y soberanía.